Print Shortlink

Documento del II Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual Córdoba 2018

II Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual
Embalse, Provincia de Córdoba, 25 de agosto de 2018

Compartimos las conclusiones de los talleres y espacios que tuvieron lugar el 24 y 25 de agosto al II Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, realizado en Embalse, provincia de Córdoba. Este documento es fruto de los debates y aportes de las mujeres participantes.

Documento del II Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual Córdoba 2018

Las mujeres reunidas en el II Encuentro Nacional de Mujeres con Discapacidad Visual, desarrollado los días 24 y 25 de agosto de 2018 en la ciudad cordobesa de Embalse, queremos hacer públicas las siguientes conclusiones:

Educación y empleo
Nos preocupa profundamente que muchas mujeres con discapacidad visual que se encuentran desempleadas y cobran una pensión no contributiva por discapacidad, al momento de conseguir un trabajo, no lo acepten por miedo de perder su pensión, ya que ambas cosas son incompatibles.
También vemos con preocupación que aún existan resistencias por parte de muchos empleadores para contratar personas con discapacidad, basadas en prejuicios erróneos.
Reivindicamos nuestro derecho al empleo de calidad.
Exigimos el cumplimiento del cupo laboral del 4 por ciento de empleados/as con discapacidad en el Estado Nacional.
Vemos con profunda preocupación, a través del relato de las experiencias de distintas compañeras, la falta de información de los/las empleadores/as, en especial en el ámbito público, sobre la adaptación de puestos laborales para personas con discapacidad visual. Percibimos numerosas barreras actitudinales para desenvolvernos en nuestros puestos de trabajo.
Vemos con preocupación la falta de capacitación de docentes de educación común de todos los niveles respecto de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Consideramos fundamental la incorporación de la perspectiva de discapacidad en todas las carreras de formación docente del país.

Acceso a la justicia
Percibimos una gran falta de democratización del sistema judicial, ya que por el lenguaje tan complejo utilizado por la jerga, no puede ser comprendido de igual manera por todas las personas. También nos preocupa profundamente la falta de capacitación de los/las funcionarios/as judiciales. No conocen la existencia de los apoyos a los que tenemos derecho las personas con discapacidad. A ello se le agrega, con igual gravedad, que en muchos casos, los/las funcionarios/as no creen en el relato de las mujeres con discapacidad al momento de hacer una denuncia, por nuestra doble condición de género y de personas con discapacidad.
También nos preocupa la falta de accesibilidad física de los juzgados, ya que no tienen guías para personas con discapacidad visual. Tampoco son accesibles para personas ciegas y con baja visión los expedientes electrónicos.
También nos preocupan las barreras económicas del sistema judicial, ya que no todas las mujeres con discapacidad visual podemos acceder a un/a abogado/a.
Consideramos importante que en los casos de discriminación contra mujeres con discapacidad, los/las testigos del hecho discriminatorio se involucren en favor de la persona discriminada.

Acceso al transporte
Exigimos que las personas con discapacidad podamos acceder al transporte gratuito a través de la tarjeta SUBE, de manera que nuestros viajes queden registrados. Nos preocupa la situación actual, ya que si ejercemos nuestro derecho de viajar en transporte público de manera gratuita, no obtenemos ninguna constancia que acredite ese viaje, por lo que perdemos nuestro derecho al seguro en caso de accidente.

Vida autónoma
Vemos con preocupación que luego de sancionada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional en nuestro país, aún no exista en la Argentina una ley integral de apoyos para la vida autónoma. Sólo se contempla la figura del/la asistente domiciliario en la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad, pero debe ser aprobado por una junta médica y sólo puede ejercer su función dentro del domicilio de la persona con discapacidad. Exigimos que se reglamente la figura del/la asistente personal para personas con discapacidad, que pueda ser un apoyo tanto dentro como fuera de nuestros hogares. También pedimos que se contemple la asistencia laboral y la asistencia para personas con discapacidad en la educación media y superior, ya que actualmente, sólo es obligatorio el apoyo en la educación inicial y primaria.
Exigimos que todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga reconozcan la cobertura de los apoyos tecnológicos para la vida autónoma de las personas con discapacidad.

Derechos sexuales y reproductivos
Nos preocupan profundamente las barreras para acceder a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos y a la salud sexual y reproductiva. Los/las médicos/as ginecólogos/as no tienen conocimiento acerca del modo en que deben dirigirse hacia nosotras. Exigimos que todas las pastillas anticonceptivas tengan identificación accesible para mujeres ciegas de las pastillas de descanso. También nos preocupa que los tests de embarazo no sean accesibles para mujeres con discapacidad visual, ni en el prospecto ni en los resultados.
Exigimos que la ley de educación sexual integral se cumpla en todas las provincias del país, incluyendo a las escuelas de educación especial, con materiales didácticos adaptados según los distintos casos. También exigimos que el Programa de Educación Sexual Integral, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, se reanude y se incluya en él la formación a docentes de educación especial.
Se abordó el debate sobre el aborto legal seguro y gratuito, cabe destacar que no hubo consenso al respecto, dado que un grupo de compañeras manifestó su adhesión a la Ive y otro grupo de compañeras refirió que no estaba de acuerdo con que se sancione la ley de aborto legal seguro y gratuito.

Violencia contra las mujeres
Consideramos imprescindible que los programas para mujeres víctimas de violencia tengan perspectiva de discapacidad. Actualmente, ninguna ley exige la accesibilidad de los refugios para mujeres que vivieron situaciones de violencia. También es necesario que desde el Estado se implementen políticas para las mujeres con discapacidad que dependen económicamente del agresor.
También es fundamental que el Estado brinde apoyo a las mujeres con discapacidad que viven en zonas rurales, acercándose a los distintos centros de referencia de esas comunidades para indagar sus necesidades.

Para finalizar, consideramos fundamental que las mujeres con discapacidad visual ocupemos espacios en los distintos ámbitos de toma de decisiones, mostrando nuestro empoderamiento para derribar las barreras actitudinales de nuestro entorno.

¡Nada sobre nosotras sin nosotras!