Ante el avance sobre un proyecto de Certificado Único de Discapacidad no renovable
Desde la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA) expresamos nuestra preocupación respecto al dictamen de la Cámara de Diputados que propone que el Certificado Único de discapacidad (CUD) no sea renovable.
El Estado es responsable de emitir esta certificación con la regularidad que demanden las políticas hacia la población y simplificar la tramitación del mismo, al tiempo que garantizar la debida capacitación de quienes la otorgan, en el modelo social de discapacidad.
Esa simplificación del trámite y optimización del tiempo debe ser para la ciudadanía, no debe implicar una reducción de funciones que deje fijas y permanentes las disposiciones en un certificado, o incluso deje sin juntas evaluadoras a zonas del país complicando el acceso a la certificación a ciudadanos y ciudadanas de distintas regiones.
Es tentador para el Estado atender a los reclamos de algunos sectores en pos de solucionar una ineficiencia de gestión que no se resuelve con la no renovación de un documento ni con su renovación a demanda. En este sentido, son preocupantes los discursos de legisladores que se justifican en el supuesto de "facilitar la vida" a las personas con discapacidad y sus familias. Sin una perspectiva de este sector como sujeto de derechos, siguen pensando a la población con discapacidad desde un modelo médico y paternalista que, lejos de favorecer su participación ciudadana, la reduce.
El CUD es un instrumento que da acceso a derechos y prestaciones, y su no renovación plantea la dificultad futura de poder modificar o ampliar el acceso a las mismas, si la condición de la persona cambia.
Según la concepción que de la discapacidad nos brinda la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, esta condición no es inmutable, puede modificarse desde los distintos aspectos contemplados en el modelo social.
Con el otorgamiento de CUDS no renovables el Estado también pierde una herramienta de estadística que actualmente no es usada en su potencialidad, ya que de los más de cinco millones de personas con discapacidad que residen en nuestro país, según el censo 2010, apenas un x% lo tramita. Cabe esperar que la falta de emisión de certificados no contribuya a mejorar esta situación y hasta la complique.
Consideramos que avanzar con este proyecto es perjudicial en cuanto al acceso de las personas con discapacidad y su entorno a los derechos que les corresponden.
Lo necesario, lo imprescindible, es la agilización de trámites, y un mayor acompañamiento a las personas con discapacidad y sus familias, complementada con campañas de difusión masiva hacia la ciudadanía para que acceda a la instancia de certificación.
Asimismo, es indispensable instrumentar espacios de capacitación para los profesionales que conforman las juntas evaluadoras, en perspectiva social de la discapacidad en clave de modelo social, con un apropiado abordaje y análisis de barreras, para que no se sigan vulnerando nuestros derechos.